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Las demandas de
la Campaña 25 Gramos son aprobadas por unanimidad.
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El gobierno
catalán será pionero en establecer límites a la venta y publicidad de los
productos insanos.
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En el Estado
español el sobrepeso y la obesidad afecta al 55% de la población infantil,
encabezando la lista en Europa.
Barcelona, 29 de mayo de 2015.-El Parlamento catalán ha sido pionero
en instar al Gobierno a poner freno a la obesidad, el sobrepeso y enfermedades
asociadas (especialmente las cardiovasculares y la diabetes) derivadas en gran
medida de la mala alimentación. Ha sido la comisión de salud del Parlamento la
que ha aprobado por acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas regular la
publicidad de alimentos insanos y utilizar políticas impositivas para gravar
este tipo de alimentos. Con esta votación se abre una brecha para que los
parlamentos de las diferentes comunidades autónomas insten a sus gobiernos a
actuar del mismo modo.
Lo más destacable de la votación es que se trata de la primera vez que se pone
sobre la mesa la mala alimentación como un problema de salud pública. La
propuesta de resolución plantea implementar un sistema eficaz de regulación
de la publicidad de alimentos y bebidas insanas, especialmente aquellas
dirigidas al público infantil, transformando el actual código PAOS y los
mecanismos de autorregulación de la propia industria en una normativa propia y
de obligado cumplimiento. El Consell de l’Audiovisual de Catalunya será el
encargado de la elaboración de un sistema eficaz de control de la publicidad de
alimentos insanos dirigidos a la población infantil en los medios audiovisuales
de Catalunya (tanto públicos como privados), similar a la que existe en otros
países europeos del entorno. “Se trata de un paso fundamental, puesto que
hasta ahora la industria tenía el control absoluto de los contenidos
publicitarios”, comenta Javier Guzmán, director de VSF Justicia Alimentaria
Global.
Otra de las cuestiones relevantes de la votación ha sido la implementación
de políticas fiscales e impositivas sobre los alimentos como una herramienta
más de las políticas de salud pública, gravando los alimentos insanos y
bonificando la alimentación saludable. Además, plantea una mejora del
etiquetaje de ciertos productos para que la información nutricional sea más
clara y entendible, políticas educativas e informativas dirigidas a toda
la ciudadanía y una regulación de los alimentos y bebidas que se ofrecen en
los centros educativos y en las máquinas de expendedoras expuestas en
espacios destinados niños y jóvenes.
En el marco de la II Conferencia Internacional de Nutrición organizada
conjuntamente por la FAO y la OMS realizada en Roma a finales de 2014, ambas
organizaciones hicieron un llamamiento internacional a los estados y
administraciones competentes a tomar cartas en el asunto. A pesar de eso, la
respuesta de la administración pública del Estado había sido hasta ahora
simplemente la de realizar campañas amables de sensibilización y de promoción
de buenos hábitos alimentarios y de salud, por lo que éste podría ser tan sólo
el primer paso para empezar a poner freno a la comida basura y anteponer la
salud de las personas por delante de los intereses de la industria.
“Hasta ahora el control sobre la alimentación lo ha tenido la industria,
que ha actuado durante años de lobby para que no haya ninguna regulación. Se ha
abierto una puerta para que otras comunidades tomen el mismo camino y sitúen la
salud de las personas en el centro de la diana”, celebra el director de
VSF.Estas demandas fueron el eje de la Campaña 25 Gramos, presentada por VSF
Justicia Alimentaria Global en alianza con organizaciones de defensa de los
consumidores, del mundo de la salud, organizaciones agrarias, ecologistas,
AMPAS y ONG.En concreto, las entidades que forman parte de la alianza son Acces
Info, Amigos de la Tierra, CECU, Ecologistas en Acción, Medicus Mundi,
Plataforma No Gracias, Plataforma Rural i VSF.
El Estado español, líder en obesidad infantil
Los patrones alimentarios están basados en una
dieta altamente condicionada por un conglomerado de empresas agroalimentarias
que basan su negocio en una dieta malsana, condicionando fuertemente los
hábitos alimentarios en favor de sus productos. Las dietas tradicionales han
sido reemplazadas rápidamente por otras con mayor densidad energética, lo que
significa más grasa, más azúcares añadidos y más sal. Prueba de esta tendencia
es que los casos de sobrepeso y obesidad se hayan disparado en las últimas
décadas: el sobrepeso en el Estado español afecta al 55% de la población y la
obesidad al 17%. Entre la población infantil la pandemia se agrava y un 45,5%
padece sobrepeso u obesidad, encabezando la lista en Europa. Las cifras son
alarmantes, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya
calificado el sobrepeso y la obesidad como el principal problema de salud al
que se enfrenta la humanidad.
