La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), ante la admisión a trámite por el
Tribunal Constitucional del recurso presentado por
Consell que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados, quiere señalar
su rechazo a la actuación del Gobierno central.
Desde REDER esperamos que el Tribunal Constitucional, en coherencia con los criterios aplicados hasta ahora, anteponga el derecho
básico a la asistencia sanitaria de toda persona frente a otras consideraciones
competenciales, evitando así los graves efectos que se producirían de otro modo sobre la salud y la vida de decenas de miles de personas.
Conviene recordar que ante dos casos similares en el País Vasco y Navarra en los que el
Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional por motivos parecidos a la norma valenciana, el
TC levantó la suspensión. En estos casos, el Tribunal apreciaba que “el derecho a la salud y el
derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como
la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una
importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera
consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. Asimismo, el mantenimiento de la suspensión consagraría en el tiempo la limitación del acceso al derecho
a la salud para determinados colectivos vulnerables por sus condiciones socioeconómicas y
sociosanitarias.
REDER quiere recordar que el Ministerio de Sanidad anunció en marzo de 2015 la puesta en
marcha de una medida que daría acceso a la atención sanitaria a las personas en situación
irregular. Un anuncio sobre el que se volvieron a hacer declaraciones a partir de la aprobación
de diferentes normativas para hacer efectivo el acceso universal a la sanidad, entre julio y
agosto, en cuatro comunidades autónomas. Hasta la fecha no se ha concretado el
procedimiento que el Ministerio pondrá en marcha ni se ha producido ninguna actuación en ese
sentido.
Las más de 300 organizaciones y personas que integran REDER reclaman la necesidad
imperiosa de reformar el Real Decreto Ley 16/2012 y poner fin a la exclusión sanitaria de
las persona inmigrantes en situación irregular.
La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto Ley 16/2012 (REDER) ha reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015, más de 1.500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular. Los datos que aportan estos casos se han plasmado en el informe publicado en el pasado mes de septiembre Radiografía de la reforma sanitaria: la universalidad de la exclusión.
Con la reforma sanitaria toma cuerpo una política discriminatoria que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, particularmente inmigrantes en situación irregular (68% de los registrados en REDER) pero también ciudadanos y ciudadanas comunitarios con pocos recursos (14% de los casos registrados). Las consecuencias alcanzan a la eficacia del modelo público de salud, puesto que la reforma sanitaria ha conllevado una pérdida de calidad de la gestión sanitaria, una marcada descoordinación entre niveles asistenciales, y lo que es más grave, un deterioro de la atención médica, puesto que impide el seguimiento de enfermedades crónicas e ignora la importancia de los programas de prevención, con el consecuente riesgo para los y las pacientes como para el conjunto de la población.
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