Los
partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario
público y universal
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| Fuente: ecodiario.eleconomista.es |
Los
grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea,
Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y
EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas
necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto
Madrid,
12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de
oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto
político y social por un sistema nacional de salud público y
universal”. PSOE,
Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís,
ERC, PdCAT, Nueva Canarias y EH-Bildu
han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70
organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia
y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER),
que
se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el
Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.
Los
partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las
medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional
de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar
del Estado social de derecho.
“Hoy
estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias,
sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una
injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera
básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión
sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las
personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han
ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que
han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España
sin precedentes”,
ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en
representación de todas las organizaciones firmantes.
Cinco
años de RDL 16/2012
En
los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido
Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades
promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo
del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin
aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes
adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos
internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera
del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se
cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada
de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han
alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales
de las y los profesionales y la calidad del servicio.
Las
acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la
sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de
forma determinante a que la mayoría de las comunidades
autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra
manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana.
En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de
los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas
comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por
revertir la situación.
Firmantes
del Pacto
El
“Pacto
político y social por un sistema nacional de salud público y
universal” lo han suscrito las principales organizaciones
profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina
Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y
Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención
Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria.
También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y
USO).
Además,
están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la
Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad
universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la
Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más
destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía
Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por
parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los
colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la
asociación ARI-PERÚ.
