El informe “Déficit de personal sanitario y de la movilidad internacional laboral en la UE” analiza las tendencias en la contratación internacional de las y los trabajadores sanitarios en la región europea y destaca tres temas transversales:
• Capacidad de planificación de Recursos humanos sanitarios en la UE: El Código de la OMS recomienda a todos los Estados que prevean y planifiquen sus propias necesidades de personal sanitario, y aspiren a conseguirlo sin recurrir a la contratación internacional. El informe ofrece una visión general de cómo lo está desarrollando la Unión Europea y de las herramientas disponibles actualmente para este fin.
• El espacio fiscal para los trabajadores de salud en un contexto de crisis económica: El informe plantea la posibilidad de que los Estados miembros «adopten medidas eficaces para formar, conservar y mantener al personal sanitario necesario para ser el adecuado en relación a las condiciones específicas de cada país» (conforme a lo solicitado por el Código de la OMS) en el contexto de las medidas de austeridad impuestas actualmente a muchos de ellos. Los ajustes económicos limitan la capacidad para formar y conservar el personal del sector sanitario necesario para cubrir las necesidades futuras, lo que nos llevaría a un problema a gran escala y a un aumento de la escasez del personal sanitario en el mundo
• La movilidad laboral del personal sanitario y el comercio de servicios: Con la adopción de la perspectiva de «la salud en todas las políticas», los vínculos del informe enlaza entre las normas del Código de la OMS y el enfoque de la UE sobre el comercio de servicios.
El análisis presentado en el informe HW4All reconoce el hecho de que el mandato de la Unión Europea en materia de salud se limita a apoyar, coordinar o complementar las políticas nacionales de salud, mientras que los Estados miembros siguen siendo responsables de la definición de sus políticas de salud y la organización y prestación de sus servicios sanitarios. Asimismo, la UE y sus Estados miembros tienen la obligación legal de hacer sus políticas coherentes con los objetivos de desarrollo. Ver más aquí
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